DEBAJO DEL ALQUITRÁN
El fin de funciones de los “magistrados prorrogados” del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), consumado con la posesión de la nueva presidenta, la Dra. Paola Prudencio, es sin duda un punto de inflexión. Parece que, se pone fin a décadas de una justicia sometida vilmente al poder político.
En el acto de posesión, la flamante presidenta del TCP afirmó que “la justicia ya no será un instrumento del poder”, cerrando así “una de las páginas más oscuras de la historia del Órgano Judicial”.
Desde el 2019, en Bolivia se ha instalado una intensa pugna entre dos relatos. Por un lado, los que sostienen que, la crisis y posterior renuncia de Morales fue un golpe de Estado, Por el otro, los que defienden la tesis de que en las elecciones de octubre de ese año, en el conteo de votos hubo un escandaloso fraude, cuyo rechazo derivó luego en 21 días de bloqueos y conflictos, con el desenlace ya conocido.
Uno de los principales desafíos que enfrenta el flamante presidente Rodrigo Paz, es controlar y anular a Evo Morales, que comenzó a conspirar contra el nuevo Gobierno desde el mismo 8 de noviembre. En palabras Jaime Paz, el expresidente y padre de Rodrigo, Evo, comenzó a desestabilizar incluso antes de la posesión.
Evo, en su enfermiza lucha de habilitarse como candidato para recuperar el poder que gozó, “como un Rey”, durante 14 años, dividió a su partido y al bloque popular, propiciando el retorno de la “derecha”.
Durante las dos décadas del régimen masista, las denominadas “organizaciones sociales” han tenido, a través de sus dirigentes, una presencia política de primer orden en todos los órganos de poder del Estado.
Con el cambio de Gobierno, este estilo prebendal-corporativo de ejercicio y reproducción del poder llega a su ocaso. En 20 años, la cúpula del partido azul, había afianzado su poder sobre la base de alianzas estratégicas, con los dirigentes de estas organizaciones sindicales, también, llamadas “movimientos sociales”.
Durante los veinte años del régimen masista la política exterior estuvo extraviada, atrapada en laberintos ideológicos, muy lejos del interés nacional. El desorden y la improvisación fueron la regla, no la excepción. La diplomacia dejó de representar al Estado, poniéndose al servicio del dogma.
Rodrigo Paz, presidente electo en segunda vuelta, con los votos “nulos” de Evo Morales, tiene, de cara a su gestión de los próximos 5 años, un gran dilema: aceptar la ayuda ofrecida por Estados Unidos o proteger a Evo Morales.
El triunfo de Rodrigo, no cabe duda, fue impulsado por el “voto duro” de Morales. Fueron cerca de 1.300.000 votos que, en la segunda vuelta, se volcaron a favor del binomio Paz-Lara. Número suficiente, si añadimos a esa cifra, la votación inicial obtenida por el candidato del partido Demócrata Cristiano (PDC).
Más allá de los resultados del histórico balotaje y el inicio de un nuevo gobierno, el 19 de octubre, se clausura una era política. Después de 20 años, el oprobioso régimen masista llega a su fin. Las votaciones obtenidas por los dos candidatos del MAS el 17 de agosto, marcan este inicio del fin, que se produce más por el hastió a la forma de gestionar el poder, basada en la corrupción y saqueo del Estado.
El próximo Gobierno heredera un país en bancarrota y con crisis estructural. Como sostuve en varias columnas, no es solo una desaceleración; es el modelo agotado e insostenible. La estabilidad del nuevo Gobierno estará sujeta al equilibrio macroeconómico. Mantenerse en el poder hasta la conclusión del mandato, será uno de los grandes retos.
El balotaje entre los binomios Quiroga–Velasco y Paz–Lara, en lugar de representar una oportunidad histórica para reivindicar a la política, se ha convertido más bien en un espectáculo deprimente. El debate democrático, maduro y con propuestas, no está presente. Lo que se observa es una competencia de miserias, falsas promesas, insultos y guerra sucia.
La vinculación de Felipe Cáceres –exzar antidrogas durante los tres gobiernos de Evo Morales– con la producción ilícita de cocaína, no solo ha sacudido la política nacional; la noticia ha trascendido al ámbito internacional, colocando a Bolivia en la órbita de los “narco Estados”.
El hombre de confianza de Morales, ha sido acusado por delitos de narcotráfico. Según fuentes oficiales, en sus predios habrían encontrado un laboratorio de cristalización de clorhidrato de cocaína, con una capacidad de producción de 160 kilos por día.