Las oligarquías políticas y el cerco a los liderazgos municipales

La democracia comienza en el territorio, en el municipio, en la comunidad y es verdad: es ahí donde viven los problemas reales y donde surgen los liderazgos más auténticos, con los vecinos, con los problemas diarios, malos servicios básicos, burocracia, etc.

Pero, pese a ser tan importante para la vida de los ciudadanos, es en el nivel municipal donde el sistema político electoral boliviano ha construido su muralla más alta, porque mientras la ciudadanía produce cuadros locales valiosos, legítimos y capaces, la Ley de Organizaciones Políticas ha creado un cerco que impide que esas personas puedan competir sin someterse a las élites partidarias.

La normativa vigente exige una serie de requisitos que, si bien en el papel pretenden institucionalidad, en la práctica funcionan como barreras de ingreso. Actas notariales, estatutos, estructuras orgánicas, comités, registros formales, procesos administrativos complejos, costos notariales altos, todo un laberinto para que a las organizaciones pequeñas y territoriales les resulte prácticamente imposible organizarse y cambiar su municipio o su comunidad.

Lo que debería ser sencillo, por ejemplo, que un grupo ciudadano local se organice para participar y cambiar su municipio, se convierte en un calvario jurídico reservado para quienes ya tienen recursos, abogados, contactos y experiencia en navegar la burocracia.

Es decir, la ley expulsa liderazgos porque el sistema de organización electoral impide el ingreso de liderazgos locales, porque así fue diseñada por el MAS-IPSP, para evitar que líderes locales puedan desplazar a los jerarcas de los partidos.

Entonces, cuando la ley expulsa a la ciudadanía, aparece la salida que ya se volvió costumbre: el alquiler de siglas. Los partidos, muchos sin base social, sin militancia, sin ideología, se volvieron administradores de un negocio político, no funcionan como organizaciones vivas, sino como taxis.

¿Quieres ser candidato? Pasa por aquí, y es culpa de la Ley Electoral. Los liderazgos municipales, que deberían tener el camino directo hacia la representación local, terminan pagando ese peaje, subordinando su proyecto a estructuras partidarias que no tienen ninguna conexión con su territorio.

Así se consolidan las oligarquías políticas en Bolivia: pequeños grupos que controlan el acceso a la participación electoral y que, gracias a la ley, monopolizan la representación. Ellos no representan a nadie, pero deciden por todos. No construyen territorio, pero lo administran desde arriba, no producen cuadros, pero se apropian de los que la comunidad genera.

El resultado es un sistema profundamente antidemocrático, no porque falten candidatos buenos, sino porque el propio Estado impide que puedan presentarse sin intermediación.

La política local, que debería ser el espacio más libre, más cercano y de más dinámica, se encuentra secuestrada por partidos que han perdido toda capacidad de representar a la sociedad y urge desmontar ese cerco.

Democratizar el ámbito municipal no es un lujo, es una necesidad para reconstruir la confianza ciudadana y permitir que la política vuelva a tener sentido y romper el negociado que supone que unos cuantos vivan de alquilar siglas.

El autor es director ejecutivo del Instituto de Estudios Latinoamericanos