Perú inicia redadas y operativos en cárceles en el estado de emergencia
El primer día bajo estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao dejó el hallazgo de materiales prohibidos en los principales centros penitenciarios de la región, luego de operativos simultáneos supervisados desde tempranas horas por el presidente de la República, José Jerí.
Las fuerzas de seguridad de Perú detuvieron a decenas de personas acusadas de integrar bandas criminales e intervinieron dos prisiones con alto nivel de hacinamiento, en el marco de las primeras acciones del estado de emergencia decretado por 30 días por el Gobierno de transición para enfrentar la criminalidad en Lima y la vecina provincia del Callao.
Además, se detuvieron a más de una decena de personas acusadas de integrar bandas criminales e intervinieron en prisiones de alto nivel de hacinamiento
Con el objetivo de bloquear la organización de delitos desde las cárceles y reforzar la seguridad ciudadana, las inspecciones se llevaron a cabo en los establecimientos de Lurigancho y Ancón I.
El despliegue comenzó ayer a las 4:30 de la mañana (hora local) y reunió a 100 servidores penitenciarios y agentes del Grupo de Operaciones Especiales del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), junto con miembros de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público.
En la revisión dentro del penal de Lurigancho, las autoridades hallaron manuscritos con números telefónicos, varios objetos punzocortantes, dos memorias USB y cuatro tarjetas micro SD, además de otros artículos prohibidos en estos establecimientos. Se trató de incautaciones consideradas clave para cortar la comunicación y coordinación de actividades delictivas fuera de la prisión.
Mientras tanto, en Ancón I, la intervención permitió encontrar siete celulares, accesorios, audífonos y sustancias ilícitas. El volumen de dispositivos electrónicos y drogas incautadas revela la persistencia de mecanismos para vulnerar los controles internos, pese a los refuerzos de seguridad implementados en semanas recientes.
Las recientes intervenciones forman parte del paquete de medidas adoptado tras la declaración de emergencia, que introdujo restricciones como la reducción del acceso de familiares y allegados a los internos, apagón eléctrico en las celdas —manteniendo solo la iluminación de seguridad—, desmontaje de antenas ilegales en las inmediaciones de los penales y apoyo de las Fuerzas Armadas en tareas de vigilancia.
El ministro Martínez explicó que la limitación establecida permite únicamente dos ingresos permitidos cada 15 días para quienes se encuentran bajo régimen ordinario y solo uno en el caso del régimen cerrado especial.
Entre los lineamientos vigentes destaca la prohibición de cargar artefactos y dispositivos eléctricos, junto con un barrido integral de antenas en establecimientos de Lima Metropolitana y Callao para impedir las comunicaciones ilícitas.
